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MUESTRA COLECTIVA VIHSIBLES EN LA FACULTAD DE DERECHO UNICEN

octubre 28, 2022 @ 8:00 am - noviembre 10, 2022 @ 5:00 pm

La Facultad de Derecho UNICEN invita a recorrer la muestra colectiva “Vihsibles. 40 años de resistencia, activismo y organización”. La misma se presentó por primera vez el 1° de diciembre del año 2021 en el Museo de Arte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al cumplirse 40 años de la epidemia.

Realizada junto a organizaciones que trabajan en VIH y el Ministerio de Salud bonaerense, la muestra visibiliza la organización y resistencia de las personas que viven con VIH/sida frente al estigma, la discriminación y la persecución. También se creó la muestra como una forma de intervención frente al debate de la ley de respuesta integral al VIH, hepatitis y otras ETS.

La muestra podrá visitarse hasta el jueves 10 de noviembre de lunes a viernes de 9 a 19 horas en el Centro de Investigación y Posgrado, Bolívar 481, de Azul. Además, el próximo viernes 4/11 a las 15:00 hs se realizará un acto inaugural con referentes de la Facultad y otros espacios organizadores.

También te invitamos a recorrer la muestra de manera virtual en https://www.comisionporlamemoria.org/vihsibles/sala-virtual/

Si sos docente o trabajás en una institución educativa de nivel secundario y te gustaría visitar la muestra guiada con una persona referente de Región IX, inscribite en el formulario:

https://forms.gle/y6E5CXH8bC5aEny98

 

 

Información sobre la Muestra Colectiva Vihsibles: “40 años de resistencias, activismo y organización”

El 1 de diciembre de 1981 se estableció como el Día del SIDA a nivel mundial, con el propósito de generar mayor conciencia sobre la epidemia.

La propuesta de crear esta muestra surge de manera colectiva y con el objetivo de visibilizar no sólo el estigma, la persecución y los derechos vulnerados que sufrieron y aún sufren las personas con VIH sino además los avances y las conquistas logradas a partir de la organización, las resistencias y el activismo.

El recorrido invita a reconocer las transformaciones socioculturales y los avances en torno al tema en el tránsito de estas cuatro décadas, al mismo tiempo que expone el material de inteligencia que la policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA) elaboró entre los años 1985 y 1997 con información referida a las personas con VIH y a las organizaciones que luchaban por sus derechos. El control y espionaje de la DIPPBA vigiló la intimidad de las personas con VIH y llegó hasta las instituciones sanitarias y las unidades penitenciarias. Señaló militancias, mapeó organizaciones en el territorio y recolectó volantes de actividades, de cuidados sanitarios y notas periodísticas. Al revés del sentido en que fue recogido este material, hoy nos permite construir el trayecto de quienes desde el comienzo se organizaron y manifestaron en nuestra sociedad.

Por eso esta muestra quiere dar cuenta, evidenciar y hacer…

Visibles las personas que viven con el virus.

Visibles el estigma, la discriminación y la persecución.

Visibles las luchas, acciones y transformaciones.

Visibles las historias y los trayectos de las organizaciones.

Visibles las demandas en relación a una mirada integral de la salud, producción de medicamentos nacionales y de menores costos, el acceso al trabajo, la educación, la alimentación.

Visibles las leyes y políticas públicas, las agendas regionales e internacionales que abordan el tema.

 

Línea de tiempo

Esta línea de tiempo no es un simple raconto de hechos y sucesos vinculados al VIH sino que es un recorrido por las diferentes acciones y manifestaciones que, a lo largo de estos 40 años lograron hacer visibles las problemáticas que enfrentan las personas que viven con VIH. La discriminación, la falta de atención integral en salud, la soledad en el cuidado, las dificultades en el acceso al trabajo, el desconocimiento sobre el VIH, la estigmatización y el consecuente autoestigma, componen un contexto adverso para quienes viven con vih. Durante estos años el hacer colectivo pudo sortear algunos de esos obstáculos. Las diversas acciones de las organizaciones y activistas, de las instituciones y de los organismos internacionales no se han detenido y fueron el motor para la conquista de derechos, para promover el cuidado y deconstruir a esx  otrx catalogadx como portadxr peligrosx del virus.

 

Documentos DIPPBA

En agosto de 1956 durante la llamada Revolución libertadora se creó el servicio de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires que funcionó con delegaciones en toda la provincia hasta 1998. Durante más de 40 años tuvo la misión de espiar, controlar, perseguir, identificar a lxs ciudadanxs sea por su militancia política, social, religiosa, cultural o bien por ser consideradxs sospechosxs.

La información producida, la doctrina impartida, las comunicaciones, el intercambio entre los servicios de inteligencia, las fichas creadas sobre las personas, eran guardadas en un gran archivo. Esta documentación fue definida como estrictamente secreta y confidencial. El material da cuenta de la persecución político-ideológica sobre las personas e instituciones, de la planificación y la coordinación represiva, de las estructuras y las cadenas de mando, y de la sordidez burocrática.

En abril de 1998 se disolvió la DIPPBA por resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia y en el marco de una reforma policial.

En el año 2000, la CPM recibió por ley provincial el archivo y la casa que había sido sede de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento la CPM realizó un intenso trabajo para la entrega de documentación probatoria para los Juicios por la Verdad y, posteriormente, para las causas de delitos de Lesa Humanidad.

Este fondo documental es uno de los pocos de estas características abierto al público, y ha sido consultado para la justicia como también para reconstruir las historias personales, familiares y de las instituciones.

 

DIPPBA y Medios

Si nos preguntamos ¿qué ha sido constante durante estos 40 años de luchas de las personas que viven con VIH? La respuesta casi al unísono es la estigmatización, el señalar al “infectado”, la discriminación en los ámbitos de la salud, laborales, educativos, recreativos. Si bien son muchas las acciones que parte de la sociedad ha realizado para transformar ese estigma en inclusión y cuidado, aun no es suficiente. Falta mucho por recorrer y reconocer la igualdad de derechos y de oportunidades.

Y los medios de comunicación han sido parte, a lo largo de estos años, de los procesos de discriminación, con sus titulares, con las palabras elegidas, en la construcción de esx otrx que vive con VIH. En estas expresiones vemos cómo se reproduce la mirada normalizadora en detrimento de las ideas que promueven la inclusión de todas las personas más allá de sus condiciones particulares.

Estos recortes de diarios fueron relevados por los agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires e incorporados en los legajos que componen los 4 tomos titulados “SIDA”. También en este proceso de espionaje se recolectaron volantes de las organizaciones que luchaban por la ampliación de derechos de las personas con VIH. A contrapelo del sentido en que fueron recogidos, hoy nos ayudan a construir ese recorrido de quienes desde el inicio se organizaron y manifestaron en nuestra sociedad.

Además, incorporamos materiales de la colección Sexo y Revolución que se encuentra en el Cedinci; una serie de volantes y/o folletos que fueron guardados cuidadosamente por quienes integraron e integran la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

 

VIH encierro

El Comité contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provincial por la Memoria fue creado en el año 2002, con el objetivo de monitorear lugares de encierro y denunciar violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Su accionar es autónomo según los principios establecidos en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Por esta labor realizada a lo largo de los años, la CPM fue designada en 2019 como el Mecanismo local de Prevención de la tortura y otros tratos degradantes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

El trabajo acumulado ha permitido obtener información cabal sobre los hechos de tortura en su multidimensionalidad (malas condiciones materiales, deficiente y falta de atención de la salud; falta o mala alimentación; golpes físicos, etc)

Esta información obtenida a través de las acciones y datos relevados, es sistematizada junto con el Programa de Producción y Análisis de la Información (especialmente desde el Registro Nacional de la Tortura), en un Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

También el Registro CPM de muertes en cárceles y alcaidías tiene como objetivo principal contabilizar y caracterizar las muertes de personas a disposición de la justicia penal provincial y bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Un reclamo histórico de la CPM es solicitar que la gestión de la salud en las cárceles deje de depender de la Dirección de Salud Penitenciaria y pase a la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se hagan valer los DDHH de los ciudadanxs privadxs de la libertad.

Datos sobre muertes de personas encarceladas que tenían HIV

La información del Registro de la CPM basada en datos provenientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (datos que son deficitarios) sobre las muertes que se producen en las cárceles, permite afirmar que entre 2016-2020 fallecieron aproximadamente 564 personas por problemas de salud en las cárceles bonaerenses, esto implica el 78% del total de muertes en el período (727). De esas 564 personas al menos 62 padecían VIH, lo que representa el 11% del total de muertes por problemas de salud en cárceles bonaerenses (564) y el 8,6% con VIH.

En 2019, las personas fallecidas por problemas de salud en las cárceles tenían en promedio 50 años; el 60% tenía menos de 55. Uno de cada cinco tenía menos de 35.

 

A continuación presentamos dos relevamientos de casos del 2019 mediante entrevista a familiares:

Caso “F”

El 12 de agosto de 2019, “M” acudió al Comité contra la tortura de la CPM para exponer las malas condiciones de detención que sufría su pareja. “F” padecía VIH, no recibía atención médica y estaba detenido en la Unidad Penal (UP) 35 de Magdalena. Desde hacía dos años no recibía tratamiento, desde hacía meses estaba con síntomas (fiebre, descomposturas gástricas, etc) y pérdida de peso. Desde el SPB no cumplía las disposiciones de atención.

El CCT presentó un Habeas Corpus (HC) ante el juzgado correspondiente, requiriendo atención especializada en infectología de un hospital extramuros. El día de la audiencia “M” vió a su pareja y la encontró desmejorada físicamente: 

“Mi marido no era mi marido […] Hacía 20 días que no lo veía porque él no quería que lo viera así. […] No me imaginé una cosa así, un esqueleto andando era mi marido”. 

Desde la UP 35 incumplieron el dictamen de internación y “F” fue reintegrado a la unidad. Se reiteró el pedido de atención médica, sin embargo fue llevado a un pabellón común y no al Área de Sanidad, no se le suministró suero ni se aplicó ningún tipo de medida de asistencia sanitaria. Con el transcurrir de los días los síntomas se acrecentaban, “F” presentaba dificultades visuales y auditivas, y se mareaba, sus compañeros debían asistirlo en el desempeño de las actividades de la vida diaria.

El día 9 fue derivado al Hospital San Juan de Dios de La Plata, quedó internado en terapia intensiva por un cuadro de deshidratación, desnutrición y anemia. Los médicos del hospital le explicaron a “M” que la vida de su marido corría peligro pues su corazón no funcionaba correctamente y su salud general presentaba un gran deterioro.

A pesar del parte médico, “F” (desnutrido, deshidratado, con vómitos y diarreas, provisto de suero y de sondas alrededor de su cuerpo) continuaba padeciendo los maltratos del Servicio Penitenciario, esposaron de un pie y una mano a la camilla. Se interpuso inmediatamente un HC solicitando el cese de la sujeción mecánica por entender que, en razón del delicado estado de salud, dicha práctica era violatoria de su dignidad y resultaba riesgosa para su salud ante cualquier situación de urgencia. El tribunal resolvió retirarle las esposas de una sola extremidad. Para aquel momento “F” no respondía a estímulos y los médicos ya pronosticaban un posible estado de coma y la potencial conexión a un respirador artificial. El 28 de septiembre falleció esposado a la camilla.

 

Caso “R”

En el año 2019 “R” murió a los 52 años en la UP 2 de Sierra Chica, luego de 16 meses de deficiente asistencia de su salud, había sido diagnosticado de VIH en el 2002, y padecía de varias enfermedades.

En la UP 2 fue víctima de agresiones físicas y amenazas por parte del SPB (hechos que se habían producido años anteriores previo al último ingreso en el 2017 en Sierra Chica). Permanecía sometido a un régimen de aislamiento, sin acceder al patio ni al sector de duchas, en tres meses perdió 20 kg debido a la alimentación deficiente, tenía que dormir en el piso por falta de cama y colchón, y no recibía la atención médica adecuada.

La CPM mantuvo entrevistas con su pareja desde marzo de 2018 hasta su fallecimiento en abril de 2019. El Comité realizó varias presentaciones al Juzgado de Ejecución Penal (JEP) 1 de Junín, solicitando un traslado a una unidad que estuviera a 30 minutos de distancia de un hospital de alta complejidad para actualizar el diagnóstico oncológico y evaluar el tratamiento. En octubre “R” seguía en Sierra Chica, su pareja lo visitó y lo encontró “muy deteriorado y angustiado”. En esta ocasión presentaba una protuberancia en el cuello que le ocasiona dolor, por la que todavía esperaba evaluación médica. Seguía bajando de peso y a diario padecía descomposturas estomacales.

En noviembre fue atendido en el hospital de Olavarría, donde le dijeron que por su estado de salud no debía estar en una cárcel. En enero de 2019 “R” tuvo que ser hospitalizado a raíz de una crisis convulsiva. En marzo, un año después de la primera presentación, el JEP requirió informes médicos al área de Sanidad para evaluar un traslado. Para entonces, Jorge presentaba un visible decaimiento físico y anímico: padecía diarrea y vómitos, y tenía dificultades para caminar. En abril el JEP dispuso atención médica y gestión de pasajes para su pareja. El 20 de abril lo internaron en el hospital de Olavarría donde falleció seis días después.

Generalmente las personas son trasladadas a hospitales extramuros en un momento cercano al fallecimiento, cuando la intervención de los médicos poco puede hacer para torcer la tendencia del deterioro y el abandono.

 

Detalles

Comienza:
octubre 28, 2022 @ 8:00 am
Finaliza:
noviembre 10, 2022 @ 5:00 pm